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Derecho de huelga: una buena noticia

Se define a la huelga como “una paralización colectiva y concertada del trabajo realizada por los trabajadores agrupados en una organización de defensa para lograr de los empleadores o de las autoridades la restitución de un derecho conculcado o la mejora o la creación de un derecho.” (mi libro Derecho del Trabajo colectivo, 2026, nº 161).

Por Jorge Rendón Vásquez

Se define a la huelga como “una paralización colectiva y concertada del trabajo realizada por los trabajadores agrupados en una organización de defensa para lograr de los empleadores o de las autoridades la restitución de un derecho conculcado o la mejora o la creación de un derecho.” (mi libro Derecho del Trabajo colectivo, 2026, nº 161).

En muchos países, como en el nuestro, este derecho se halla reconocido por la Constitución política. La primera constitución del mundo en hacerlo fue la de México de 1917 (art. 123º-XVIII). Luego de la Segunda Guerra Mundial el reconocimiento de este derecho se generalizó a partir de las constituciones francesa de 1946 e italiana de 1948.

En el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, se entendió de manera general desde 1959 que el derecho de huelga se halla incluido en el convenio 87 de 1948 como una expresión de la libertad sindical, de manera que al ser incorporado este convenio en la legislación interna de los países por la ratificación se convierte en ellos en fuente del derecho de huelga. Lo han ratificado 150 Estados.

Sin embargo, los directores ideológicos de los empresarios a nivel internacional rechazaron esta interpretación. En 2012, al tratarse de este tema en la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, los delegados empresariales objetaron formalmente el tratamiento de la huelga como una expresión de los derechos reconocidos por el convenio 87 y continuaron con esta posición en los diez años siguientes. Finalmente, el Consejo de Administración de la OIT, en noviembre de 2023, recabó la opinión de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre este tema para superar la crisis creada, a su criterio, por la delegación empresarial.

El 26 de mayo de 2026, esta Corte ha declarado por 10 votos contra 4 que “el derecho de huelga está protegido por el convenio 87 de la OIT”, si bien –dice– este “no determina el contenido preciso, alcance o condiciones de ejercicio del derecho de huelga”.

Con esta decisión el derecho de huelga queda definitivamente  reconocido allí donde todavía se le discutía.

La huelga como modalidad de acción sindical comenzó a practicarse desde fines del siglo XVIII a pesar de las represalias y la represión estatal, por lo general brutal, una conducta patronal, común en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo. En Estados Unidos, la agencia de detectives Pinkerton suministraba a los empresarios de las grades empresas esquiroles y matones para combatir las huelgas que, hasta la década del veinte del siglo XX, era común que conllevaran asesinatos de huelguistas y sus dirigentes. Lo recuerda Harold Robbins en su novela Memories of Another Day, 1981, El Lider en castellano. La Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935 (Wagner Act) reconoce el derecho de huelga con limitaciones, pero no para los trabajadores del Estado. La Corte Suprema de este país ha resuelto, sin embargo, en 2023, que los trabajadores responden por los daños que causen a los empresarios con la huelga. Allí, como se ve, el sistema mantiene la guardia en alto contra los trabajadores dispuesto siempre a pegar. Estados Unidos no ha ratificado el convenio 87 de la OIT.

(Comentos, 3/7/2026)

Solución de conflictos jurídicos laborales

Hacia fines del siglo diecinueve, la presencia cada más frecuente de la negociación colectiva consolidó la división de los conflictos laborales en económicos y jurídicos.

Por Jorge Rendón Vásquez

Hacia fines del siglo diecinueve, la presencia cada más frecuente de la negociación colectiva consolidó la división de los conflictos laborales en económicos y jurídicos.

Son conflictos económicos los originados por la pretensión de una de las partes de modificar una norma vigente, por lo general convencional, cuyo objeto suele ser en su gran mayoría la elevación de las remuneraciones y la mejora de las condiciones de trabajo a favor de los trabajadores. Su canal o procedimiento de solución es la negociación colectiva.

Son conflictos jurídicos los suscitados por el incumplimiento de una norma estatal o de una convención colectiva. Su vía de solución puede ser un procedimiento ante las autoridades administrativas de trabajo o un proceso ante el Poder Judicial.

En nuestro país, hasta la expedición de la Ley 26636 de 1996, los conflictos jurídicos laborales, cuando el vínculo laboral estaba vigente, que son los más frecuentes, eran resueltos por las autoridades administrativas de trabajo mediante un procedimiento simple, pero de gran eficacia, dado por el Decreto Supremo Nº 006-72-TR (que yo había redactado en 1972 cuando era Asesor del Ministerio de Trabajo, con el gobierno del general Velasco Alvarado). Los conflictos jurídicos con vínculo laboral terminado se sometían al Fuero de Trabajo y Comunidades Laborales, un sistema de órganos judiciales de dos instancias aparte del Poder Judicial, cuyo origen se remontaba a 1940. Su proceso, normado por el Decreto Supremo 007-71-TR (que también redacté), tenía la misma estructura que el procedimiento regulado por el otro decreto supremo, y era también rápido.

Los vientos de la flexibilidad laboral, expresión del vendaval neoliberal en la economía, se colaron también en nuestro país en la década del noventa, impulsados por los grupos patronales a quienes resultaba inconveniente la celeridad en la solución de los conflictos laborales.

El primer paso en esta dirección fue la Ley Orgánica del Poder Judicial, dada por el Decreto Legislativo 767 de 1991, que integró a los jueces del Fuero de Trabajo y Comunidades Laborales en la estructura al Poder Judicial, y tuvo como malsano efecto reproducir en su conducta el glacial formalismo, desdeñoso de las necesidades sociales, de los demás jueces.

El segundo paso fue la creación de un interés por deudas laborales inferior al interés legal dispuesto por el Código Civil, por el Decreto Ley 25920 de noviembre de 1992, cuyo efecto fue hacer más rentable la retención indebida de las remuneraciones y derechos sociales por los empleadores en relación al mayor interés cobrado por el sistema financiero por sumas equivalentes a esas retenciones. Esta ventaja crecía cuan más durase la solución de los conflictos.

El tercer paso consistió en arrancar a las autoridades administrativas de trabajo la solución de los conflictos jurídicos laborales y entregarla a los jueces por la Ley Procesal Laboral 26636 de 1996 que, a tono con el Decreto Ley 25920, alargó y complicó el proceso laboral, repitiendo la estructura de los procesos normados por el Código Procesal Civil de 1993. La Nueva Ley Procesal del Trabajo 29497 —pensada para beneficiar a los abogados y no a los trabajadores— dilata y complica más todavía el proceso laboral.

Para la solución de los conflictos laborales con vínculo vigente se les dejó a las autoridades administrativas de trabajo sólo la inspección del trabajo, pero a ésta se la tornó pesada y lenta con una frondosidad cada vez mayor tras la cual asoma el interés de sus autores de reducir su eficacia.

Casi dos décadas de experiencia prueban que los cambios indicados han sido desfavorables para los trabajadores.

La judicialización del procedimiento para la solución de los conflictos jurídicos cuando el vínculo laboral está vigente ha sido letal para los trabajadores. De hecho, a ningún trabajador ni a ninguna organización sindical se le ocurriría ahora interponer una demanda por falta de pago de remuneraciones o negación de derechos sociales por los empleadores, sabiendo que la sentencia definitiva tardaría varios años. Mal que bien y a pesar de su pesadez e incierto resultado preferirán la inspección del trabajo, aunque los conflictos se amontonen ante el Ministerio de Trabajo.

Esta situación debería ser remediada de inmediato.

Las autoridades laborales están obligadas a resolver con la mayor celeridad posible los conflictos jurídicos entre trabajadores y empleadores, por su función y responsabilidad, y por los efectos desastrosos de estos conflictos en la economía nacional, regional, local y personal, y por la angustia que crean en los trabajadores. Está demostrado por la estadística que más del 95% de estos conflictos se suscitan por el incumplimiento por los empleadores de sus obligaciones laborales.

Las autoridades administrativas de trabajo deberían fundarse en los artículos de la Constitución vigente, pese a su limitado alcance social, para resolver los conflictos jurídicos de trabajo mientras el vínculo laboral está vigente: “El trabajo es objeto de atención prioritaria del Estado […] Ninguna relación puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador …” (art. 23º) “El pago de la remuneración y de los derechos sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador.” (art. 24º). “Son deberes primordiales del Estado: […] garantizar la plena vigencia de los derechos humanos” (art. 43º) Los derechos sociales son una parte de estos derechos, y el Estado es también el Poder Ejecutivo. “Corresponde al Presidente de la República (y por lo tanto a sus ministros en sus ámbitos correspondientes): 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.” (art. 118º).

Detectado un conflicto jurídico laboral, de oficio o por denuncia de parte, las autoridades de trabajo deberían actuar con decisión y en seguida por la vía de la inspección del trabajo, convocar a las partes sin solución de continuidad, y resolver. La Ley 28806 de Inspección del Trabajo (art. 45º) y su Reglamento. Decreto Supremo 019-2006-TR, les permiten hacerlo, pese a sus limitaciones.

Huelga minera en Yauricocha

El Sindicato Único de Sociedad Minera Corona, unidad Yauricocha ha iniciado desde las 00.00 horas de hoy, miércoles 25 de marzo, una huelga general indefinida por incumplimiento del convenio colectivo periodo 2024 – 2025, así como también por el tema de las utilidades, para los trabajadores.

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Según el ministerio de energía y minas del Perú existen 1013 unidades minera en actividad y operan 1710933 hectáreas que equivalen al 1.33% del territorio nacional.

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Reunión con la legisladora Isabel Cortez.

Compañeros Alejandro Beramendi (secretario general de nuestra gloriosa #Fentecamp), Fidel Reginaldo y José Alcedo en reunión de trabajo en el Congreso de la República del Perú con la compañera Isabel Cortez ¡Unidad Compañeras y Compañeros Unidad!

Reunión en el Congreso de la República

Sindicato Único de Trabajadores de Austria Duvaz contra los ceses colectivos.

¡Fuerza y Unidad!

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Compañeros de Fentecamp apoyan la huelga general indefinida de Volcan Andaychagua

Sindicato Único de Trabajadores de Austria Duvaz en el frontis de la empresa Chinalco

Sindicato Único de Trabajadores de Austria Duvaz en el frontis de la empresa Chinalco defendiendo sus puestos de trabajo.

Manifestación pacífica del Sindicato Único de Austria Duvaz en el frontis de la empresa Chinalco

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¿@Glencore #Suiza lo sabe?

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Mineros de Austria Duvaz realizan planton frente a Indecopi

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Cuarta reunión del pliego de reclamos 2021-2022 del Sindicato Único de Trabajadores de Sociedad Minera Corona.

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Marcha del Sindicato Único de Trabajadores de Sociedad Minera Corona en la ciudad de Huacho.

¡Fuerza y Unidad! Compañeros del Sindicato único de Trabajadores de Minera Corona y de Uchucchacua- Buenaventura marcharon por sus derechos laborales en la ciudad de Huacho el último viernes 25 de febrero. ¡Unidad Y Fuerza Compañeras y Compañeros!

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Reunión se realizó entre los sindicatos y las empresas, pero Chinalco desconoció su responsabilidad para con los trabajadores. Mantengamos la lucha compañeros. ¡Fuerza y Unidad!

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Continúa la lucha de los obreros integrantes del Sindicato de las Empresas Especializadas de la Unidad Minera Uchucchacua-Buenaventura, cuyas operaciones se dieron hasta el año 2021 en la localidad de Oyón.

Plantón en el Ministerio de Trabajo y la Corte Superior de Lima

Plantón en el Ministerio de Trabajo y la Corte Superior de Lima (miércoles 15 de junio 2022).

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Marcha contra la tercerización laboral

Sindicato de Minera Corona denuncia prácticas antisindicales

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Compañeros del Sindicato de Austria - Duvaz

Compañeros del Sindicato de Austria - Duvaz realizando trámites ante el Ministerio de Trabajo en la ciudad de Lima (07-10-2020)

Compañeros del Sindicato de Minera Corona

Compañeros del Sindicato de Minera Corona realizando trámites en el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Lima (7-10-2020)

Nuestro secretario general Jesús Cárdenas Misajel

Nuestro secretario general Jesús Cárdenas Misajel velando por el derecho de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo (Lima 07-10-2020).

¡Solidaridad por nuestros compañeros de Corona!

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Nuestros hermanos del Sindicato Unico de Minera Argentum Morococha fueron atentidos en el Ministerio de Trabajo junto con la empresa en una mesa de dialogo. Unidad Compañeros Unidad.

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Curso capacitación y gestión en redes sociales para lideres mineros. ¡Fentecamp Presente!

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